DF Lab Opinión/ Agencia Financiera Para el Desarrollo

Hoy lunes se vota en el Congreso el proyecto de ley de AFIDE, una buena noticia para el emprendimiento en Chile. Durante los últimos años, la institucionalidad del país se estaba quedando atrás. Mientras algunos países creaban nuevas instituciones para el desarrollo, como el British Business Bank o el Banco de Fomento Portugués, otros fortalecían o mejoraban las ya existentes. Por ejemplo, el Fondo de Fondos mexicano, que alcanza los US$ 2.000 millones, ya está en su segunda generación de fondos especializados; Bancóldex en Colombia está levantando dinero para su segundo Fondo de Fondos; y en Perú, se acaba de modificar la ley de COFIDE, otorgándole más facultades y un mandato potente para propiciar el desarrollo de mercados financieros en pro del emprendimiento.

En este contexto, el proyecto de ley de AFIDE ha generado consenso en diversos sectores políticos de la Cámara de Diputados. Tanto es así, que la subsecretaria Javiera Petersen agradeció públicamente a los diputados de oposición por su apoyo al proyecto. No está de más destacar que esto ocurrió mientras el diputado Diego Schalper (RN) lidera una bancada transversal en favor del emprendimiento y la economía digital, la cual también ha expresado su respaldo a esta iniciativa.

El proyecto de ley de AFIDE transforma la Gerencia de Inversiones y Financiamiento de CORFO—que actualmente tiene una exposición de US$ 3.000 millones en el mercado—en una empresa pública con un gobierno corporativo robusto y mayores facultades de las que posee en la actualidad. Actualmente, esta gerencia está facultada para entregar créditos de segundo piso (a intermediarios financieros como bancos, cooperativas de crédito, o Fondos de Inversion entre otros) y dar instrumentos de garantia crediticias como FOGAIN o Pro-Inversión. Al convertirse en una empresa pública, podrá mejorar significativamente su capacidad de apoyo al emprendimiento y al desarrollo económico del país.

La transformación a una empresa pública marca una diferencia crucial, comenzando por la posibilidad de operar sin estar limitada a presupuestos anuales. Actualmente, esto impide que proyectos con desembolsos superiores a un año calendario puedan ser financiados, afectando iniciativas con componentes de construcción, por ejemplo. En el ámbito de las garantías, la nueva agencia podrá ofrecer soluciones más ágiles, ya que actualmente se exige que los bancos demanden a los deudores antes de activar las garantías, lo cual resulta lento y engorroso.

En cuanto al capital de riesgo, CORFO es hoy el acreedor más relevante en este mercado en Chile, con más de US$ 1.000 millones prestados a fondos de inversión. Sin embargo, no puede actuar como aportante, solo como prestamista. El proyecto de ley habilita a la nueva agencia a invertir como aportante en Fondos de Fondos, un instrumento que permite un “crowd in” más significativo desde el sector privado, multiplicando hasta nueve veces el impacto del dinero público.

Todos estos cambios apuntan a un objetivo fundamental: aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos para apoyar de manera más efectiva a los emprendedores y emprendedoras del país. Esperemos que las declaraciones se traduzcan en votos favorables, para así seguir mejorando la institucionalidad del país en beneficio del desarrollo económico.